El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha rechazado por unanimidad el recurso de la empresa que gestiona el Castrobús a quien se impone una nueva sanción de 69.000 euros por incumplimiento reiterado del contrato firmado. Ni se ha renovado la flota de vehículos con seis nuevos autobuses (dos grandes híbridos para la línea 1, 3 microbuses para las líneas de pedanías y uno más de repuesto) que tenían que haber sido sustituidos antes del 1 de marzo de 2020, ni se han instalado 20 pantallas digitales en otras tantas paradas, que deberían haberse colocado antes del 1 de noviembre de 2019, tal y como se comprometió la empresa.
Todos los grupos han apoyado el rechazo del recurso y también han coincidido en reclamar al equipo de gobierno que cuanto antes se busque una solución para acabar con esta solución.
Desde el PRC, Pedro Fuste, ha vuelto a reclamar “valentía” al equipo de gobierno y ha propuesto acudir al Consejo de Estado para rescindir el contrato, comenzar los trámites para licitar uno nuevo y paralelamente gestionar un contrato de emergencia para seguir prestando el servicio. “La inacción del equipo de gobierno no ha servido para nada”, ha reprochado el regionalista, mientras a la empresa “le salen a cuenta las sanciones”.
Fuste también ha hecho referencia al “estado deplorable” de los autobuses y cree que quizás se esté esperando a que ocurra una desgracia.
Desde el equipo de gobierno, Alejandro Fernández, pedía unidad a todos los grupos municipales para “ir todos de la mano” en conseguir una solución legal y no utilizarlo para “rascar unos votos” en un problema “que no ha generado el equipo de gobierno”.
Fernández ha dejado claro que “se están dando pasos firmes, de la mano de los técnicos municipales, para que cuando estén los informes tengamos las mejores herramientas para buscar la mejor solución, que es dar el mejor servicio posible”.
El edil ha acusado al PRC de lanzar mensajes irresponsables al aludir a posibles accidentes señalando que los autobuses son seguros.
Desde CastroVerde, Eduardo Amor ha dicho que “el servicio ha ido a menos y los autobuses están que se caen”, y consideran que en dos años y medio “no se han dado los pasos para resolver el problema, por lo que seguramente habrá que resolver el contrato” porque sin la renovación de los vehículos “no se podrá seguir prestando el servicio en condiciones”.
El PP ha pedido “celeridad y prioridad” a la hora de buscar la mejor solución para el Ayuntamiento, los usuarios y los trabajadores, y confía en que se esté en ello. La edil Ana Urrestarazu considera que la empresa está realizando chantaje al Ayuntamiento para ejercer presión.
Para Ciudadanos, la solución a este problema “requerirá de mucha mano, porque es complicado resolver y sacar otro contrato”, ha señalado Jóse Mari Liendo.
Finalmente, desde Podemos, Alberto Martínez considera que el recurso presentado por la empresa es “indignante”, refiriéndose al servicio “desastroso” que presta.
Un servicio, recalcaba, “indispensable”, por lo que “el ayuntamiento está preocupado”. Lo positivo, añadía es que todos los grupos municipales están en la misma línea de buscar la mejor solución “cuanto antes”.
REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado, con la abstención del PRC y CastroVerde, el punto relacionado con la aplicación de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el Título II del Real decreto ley de 3 de marzo de 2022.
Medidas que son autorizadas para que las administraciones locales puedan aprobar una subida de hasta el 20% en la revisión de precios como consecuencia de la subida de los materiales.
Tanto el PRC como CastroVerde han puesto de relieve la necesidad de contar con un informe económico sobre el coste que puede tener para el Ayuntamiento dicha revisión.
El Interventor ha explicado que hoy se aprueba el marco legal que permitiría aplicar las medidas. De momento, se desconoce el número de empresas que van a solicitar esa revisión que podrá hacerse de los contratos realizados desde el 1 de enero de 2021 hasta marzo de 2023. Las empresas que cumplan los requisitos del Real decreto tendrán que justificar la subida del precio de los materiales. Posteriormente, se realizará un informe técnico previo a la aprobación de la revisión que tendrá un tope del 20% del precio del contrato.
De momento, se estima que hay contratos adjudicados por importe de 2.800.000 euros que se mirarán contrato por contrato.
Los regionalistas consideran que “el 100% de las empresas solicitarán esa revisión de precios por lo que supondría un incremento del precio de los contratos de 600.000 euros”, ha indicado Carla Urabayen, que ha reprochado al equipo de gobierno que “la falta de un informe económico”, como vienen reclamando, supone un nuevo “ninguneo” a la oposición.
También CastroVerde considera que aunque no es preceptivo que haga un informe que mida la incidencia de esta medida estaría bien que hubiera una estimación por parte quizás de los técnicos que llevan las obras.
Desde el PP se ha dicho que este asunto generaba muchas dudas e incógnitas, mientras que Ciudadanos considera que se va a mejorar la gestión de los contratos y Podemos entiende que es mejor no ver obras paradas y licitaciones desiertas, y que hay margen con el remanente de tesorería para hacer frente a la revisión de los contratos.
FIESTAS LOCALES
Se han aprobado las dos fiestas locales para 2023. San Pelayo (lunes 26 de junio) y San Andrés (jueves 30 de noviembre).
Por otro lado, se ha aprobado corregir una errata en varios artículos y párrafos de la ordenanza de plusvalías y con esta modificación se da mayor concreción y claridad a la aplicación del impuesto, según ha explicado el edil de Hacienda Pablo Antuñano. Además, se ha aprobado bonificar con el 95% el impuesto de obras y la tasa urbanística del proyecto de rehabilitación de la comunidad de propietarios de Hurtado de Mendoza, 7.
Desde el grupo Podemos se ha pedido la retirada de la moción que estaba previsto debatir hoy martes en el Pleno municipal, y que este grupo había recogido de la asociación feminista Las Sin sombrero, para cambiar el nombre del parque de Cotolino por el de «Parque del orgullo y de la diversidad sexual», por la fuerte controversia social y falta de consenso al respecto.
