La Fiscalía de Cantabria ha archivado la investigación abierta en 2020 para determinar si hubo delito en el relleno del parque del Campillo, en Santullán, con todo tipo de material de la obra de saneamiento que se estaba ejecutando en la pedanía y donde el Ayuntamiento de Castro Urdiales aseguró que había aparecido amianto. No hay delito, concluye.
Así lo recoge hoy El Diario Montañés que avanza que la Junta vecinal de Santullán ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Castro por hacerle responsable de esa supuesta contaminación . Desde la Junta aseguran que el amianto hallado no procede del parque sino en las catas hechas en la zona donde se renovaron las tuberías de saneamiento. Unas obras que no están finalizadas y el Ayuntamiento ha trasladado el contrato al Consejo de Estado con el fin de reclamar su anulación su anulación por incumplimiento del contratista.
En el recurso presentado, la Junta de Santullán considera que es nulo el decreto en el que el Ayuntamiento de Castro responsabilizaba a la pedanía de la contaminación del parque y cree que si se demuestra la existencia de amianto en el terreno se les podrá exigir responsabilidades a los técnicos municipales responsables de la dirección de obra y al concejal de Urbanismo, éste último, dicen, no ha sido imparcial y “trata de eludir su responsabilidad sobre una obra deficiente, imputando a su adversario político la culpa de su ineficacia”.