Podemos Castro Urdiales ha mostrado su rechazo al acuerdo anunciado en prensa para la construcción de viviendas de alquiler asequible en el municipio. La formación considera que se trata de una medida “a todas luces cara, lenta y contraria al interés general, ya que destina recursos públicos a un modelo que favorece la especulación inmobiliaria y el beneficio privado en lugar de garantizar el derecho a la vivienda”.
El concejal de Podemos, Alberto Martínez, ha explicado que “el Ayuntamiento prevé invertir cerca de 4 millones de euros: 1,5 millones en urbanizar tres parcelas y la cesión de las mismas —con una superficie total de 4.139 m² y un valor superior a los 2 millones—. ¿Para qué? Para obtener apenas 70 viviendas de alquiler asequible, que ni siquiera serán sociales, y que gestionará una constructora durante 50 años. A cambio, aproximadamente el 90% del total de viviendas que se edifiquen se destinarán a la venta privada. Es un negocio redondo para unos pocos, pero a costa del patrimonio municipal”.
Martínez ha insistido en que “esta fórmula es deficitaria y profundamente lesiva para el interés público. La prioridad debe ser la promoción directa de vivienda social de titularidad pública. Que la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria impulse este modelo resulta preocupante; que el Ayuntamiento lo acepte y facilite, aún más”.
Desde Podemos recuerdan que el problema del acceso a la vivienda es urgente y no puede esperar a plazos de 3 o 4 años que requiere la obra nueva. En este sentido señalan que en Cantabria hay cientos de pisos y casas abandonadas. Incluso en la misma calle donde se ubican estas parcelas existe una urbanización vacía desde la crisis de 2008, por lo que en octubre pasado esta formación solicitó en el Parlamento, mediante una proposición no de ley que estas promociones se transformen en vivienda pública a través de la figura del PSIR”.
Para la formación morada, rehabilitar y poner esas viviendas en alquiler social sería una medida “más rápida, lógica y económica”. Alberto Martínez considera que el acceso a la vivienda asequible se ha convertido en “uno de los principales problemas que fracturan a la sociedad cántabra. Y es la juventud la que más lo sufre. Cantabria ocupa el penúltimo lugar en tasa de emancipación, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España”.
Finaliza Podemos reclamando un cambio profundo en las políticas de vivienda tanto a nivel regional como municipal. Insisten en que debe declararse Castro Urdiales como zona tensionada. Piden que se elabore un nuevo Plan General que reserve suelo para vivienda protegida, y que se movilice la vivienda vacía con el plan Moviva, que garantiza a los propietarios el cobro y mantenimiento a cambio de precios asequibles. Además, propone aplicar un recargo en el IBI a los grandes tenedores con pisos vacíos y la rehabilitación de las viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social.
“Sabemos que ninguna medida por sí sola resolverá el problema, pero lo que está claro es que entregar suelo y dinero público para favorecer negocios privados no es el camino. Necesitamos soluciones que pongan por delante a la gente y no a los especuladores”, concluye Martínez.
