El cierre del centro de depilación TACTO Castro Urdiales, en la calle La Ronda, el pasado 29 de enero, con un aviso en la puerta del local 15 días antes, ha dejado a decenas de personas con tratamientos pagados a medio concluir .
Algunos de los clientes han trasladado a Onda Cero sus casos, con bonos por gastar que superan los 900 euros. El gerente de la empresa les dijo que las sesiones estaban caducadas, una caducidad que “no sería culpa nuestra –explica una usuaria-, sino del empresario que no tenía los recursos humanos suficientes para poder realizar el servicio”, ya que en mayo de los tres trabajadores, solo quedó uno “haciendo el trabajo de tres”.
Denuncian además que a la hora de pedir cita, no había huecos, por lo que al llamar en Septiembre la cita se retrasaba hasta Diciembre. Además, los clientes que han contactado con Onda Cero y que han presentado una reclamación en Consumo, aseguran que la empresa no facilitaba el historial de sesiones pendientes y que les habrían remitido a otro centro TACTO “pero es imposible porque es una franquicia”.
Puestos en contacto con la Oficina del Consumidor, Francisco Bautista, ha hablado del mismo patrón que reproducen algunas empresas donde se contratan unos servicios cuyo pago se hace por adelantado, y al de un tiempo cierran si que el tratamiento haya comenzado o esté a medio terminar. Puedes volver a escuchar la entrevista en este enlace:
En muchos casos al haber una financiera de por medio, es importante remitir sendos escritos, uno a la entidad de crédito, y otro al prestador del servicio para solicitar que se cumpla el contrato, ambos por carta certificada o burofax. Y esto porque con este paso, se puede dejar de seguir pagando el crédito de un servicio que no se está recibiendo, explicaba Bautista.
En el caso de que los bonos se hayan pagado con tarjeta, se puede activar el seguro por compras fraudulentas lo que puede facilitar la recuperación del dinero entregado. Conviene además presentar denuncia ante la Guardia Civil.
Una peor perspectiva tienen aquellas personas que hayan pagado en efectivo ya que si el cierre de la empresa es por insolvencia o quiebra, entra en un proceso de concurso de acreedores donde está estipulado que quienes primero van a cobrar son la Seguridad Social y Hacienda, después los trabajadores y luego el resto de acreedores por orden de llegada o por ejecución de sentencia, lo que dificulta que haya dinero para todos.
