El Partido regionalista de Cantabria ha registrado una moción en la que solicita la celebración urgente de una Comisión informativa extraordinaria y monográfica sobre la situación económica y financiera del Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Una petición, señalan, “con el ánimo de poder cumplir con nuestra labor de fiscalización al equipo de gobierno” que llevan realizando desde hace meses y que no ha sido atendida.
Los regionalistas piden que la comisión se celebre antes del pleno de noviembre y que se aporten los correspondientes informes de Intervención y/o Secretaría, si fuera necesario, para conocer la situación económica y financiera actual del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y en donde intervenga, al menos el Interventor y la Tesorera municipal, para una correcta información a las cuestiones que se planteen en dicha reunión.
El PRC quiere conocer la actual situación de las arcas municipales con un presupuesto prorrogado desde 2021 de 50 millones de euros al que se han incorporado un centenar de modificaciones, con un gasto del remanente de tesorería de 10.615.810 euros, a fecha 14 de octubre de 2022, de los 11.264.897 euros de la liquidación de 2021.
“Los antecedentes descritos nos llevan a un escenario de incertidumbre y de extrema preocupación sobre la estabilidad de las arcas públicas. No solo porque de los ahorros de todos los castreños solo quedan en torno a los 500.000 euros, sino porque pasado el tiempo no hay siquiera borrador de un nuevo presupuesto y el prorrogado no se parece en nada a lo que debería ser el Presupuesto 2023 debido al ingente número de modificaciones presupuestarias”, señalan los regionalistas.
El PRC entiende que a estas alturas del año “no tiene sentido trabajar en un presupuesto nuevo para 2022 pero si que es urgente y necesario, según recomendaciones del propio interventor, y por supuesto del Partido Regionalista como impulsores de esta moción y principal grupo de la oposición, trabajar en el borrador del presupuesto del año próximo”.
Esta formación también se muestra preocupada porque “los ingresos no sean suficientes como para equilibrarse con los gastos, ya que históricamente han rondado en torno a los 33 millones de euros, muy por debajo de los 55 millones planteados por el equipo de gobierno”.
Por otra parte tampoco tienen la seguridad que se pueda llegar a recaudar en los términos habituales debido a la merma en los ingresos procedentes de lo recaudado en concepto de plusvalías.
Ponen de relieve además el aumento del gasto por las “subidas exponenciales de los servicios, especialmente el gas y la luz, triplicando al menos su factura actual. Gastos procedentes de la revisión de precios de los contratos que contemplan la subida del IPC, además de las subidas de los costes en los contratos de seguridad y de limpieza, también gastos derivados del personal ya sea por el aumento de los salarios previsto para el próximo ejercicio y por las sentencias ganadas de trabajadores que han realizado funciones de superior categoría. Además de los gastos que por acuerdo plenario han subido como por ejemplo es el caso del contrato del servicio de recogida de basuras o el gasto en seguridad ciudadana que será sensiblemente mayor al actual”.
En definitiva, señalan que “si los gastos son al menos de 55 millones y los ingresos como máximo de 33 millones, el sentido común nos dice que los ingresos no van a ser suficientes para cubrir los gastos previstos año a año. Y mucho menos para estar preparados para ayudar a los vecinos más vulnerables que ya están sufriendo los embistes de la crisis”.
Sin embargo, recuerdan que “el equipo de gobierno asegura que la salud económica del Ayuntamiento es óptima, por tanto, si así lo creen será porque tienen en su haber información de la que no disponemos o de lo contrario no pueden seguir sosteniendo esa tesis de bonanza de las arcas municipales cuando aún ni siquiera tenemos claro cuáles serán las transferencias del Estado que recibiremos en el acumulado anual”.
