Podemos e IU exigen la dimisión «inmediata» del alcalde de Santullán y que el PRC le cese de militancia por «poner en grave riesgo probablemente a sabiendas la salud de las personas de este municipio», en relación al depósito de materiales de obra que contenían amianto en una parcela, propiedad de la Junta vecinal, donde se ha habilitado un parque público.
Los portavoces de ambas formaciones consideran que «no cabe ninguna excusa, a las pruebas nos remitimos. Hay un video que circula por redes en el que Revuelta aparece dirigiendo el vertido de restos, presuntamente de derribo de unas casetas, papeles firmados acordando con la empresa obras que no estaban licitadas y hasta el hecho de que no exista una simple petición de licencia de obra por parte de la Junta, es una evidencia clara de la intención de saltarse cualquier protocolo o estamento municipal, autonómico y estatal. Desde el interventor de Juntas Vecinales pasando por los departamentos técnicos del Ayuntamiento, dirección de obra y terminando por la Confederación Hidrográfica, entre otros, nadie ha sabido absolutamente nada de sus intenciones».
Alberto Martínez (Podemos) y Pablo Villasante (IU) piensan que no vale «escudarse en la ignorancia ni por parte de la empresa ni por la del señor Julián Revuelta y si al Partido Regionalista le preocupase algo la salud de sus vecinos le pediría explicaciones y le suspendería de militancia ipso facto.”
Ambos recuerdan que el amianto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes y provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional.
Ello, añaden, da idea de la peligrosidad de los materiales encontrados en las catas. «No estamos hablando de algo sin importancia y no nos creemos que la UTE, con la experiencia que tiene en obra pública, no tuviera sospechas de la existencia de asbesto. Ahora falta saber si a los trabajadores que han estado expuestos se les proporcionaron las medidas de seguridad, que doy por hecho que no, ya que sería reconocer que estaban cometiendo una ilegalidad y las consecuencias a largo plazo tanto para ellos como para toda la ciudadanía castreña. No olvidemos que se ha enterrado debajo de un parque donde han estado jugando nuestros menores con sus familias, que seguramente se han filtrado restos al río con las lluvias y que la tierra está contaminada.”
Por todo lo expuesto, tanto Martínez como Villasante exigen «una respuesta inmediata y ejemplificadora de las instituciones y la dimisión inmediata de Julián Revuelta en sus funciones a la espera de las consecuencias penales y económicas en que haya podido incurrir tanto él como los responsables de la empresa adjudicataria, así como que se realice un seguimiento sanitario a las personas que hayan podido estar expuestas ya sea por motivo laboral o personal y se les repercutan todos estos costes a los culpables de semejante negligencia».
Si al final se demuestra la responsabilidad de la empresa en las obras de Santullán ambos partidos piden que sea sancionada y se investiguen las obras públicas realizadas.
El baremo de las multas puede ser de 30.000 a 600.000 euros e incluso el cierre de la empresa.
