El Pleno ha aprobado, con las abstenciones de Ciudadanos y Vox, el Estudio detalle de la Unidad de ejecución 1.26 (zona Pachi Torre, edificio Proconor) para ajustar alineaciones y volúmenes de los edificios previstos en la unidad al Plan especial, aprobado hace dos años tras una larga tramitación. Ello servirá para regularizar toda la zona, con lo que en breve se podrá abrir la calle Cantabria y la Avenida de la Libertad.
De otra parte, la corporación ha aprobado por unanimidad la resolución de desestimación del recurso de reposición presentado por la comunidad de propietarios de los garajes ubicados encima de suelo municipal en la zona de Riomar con el fin de completar el vial que mejore los accesos a Cotolino. Un asunto urbanístico que lleva coleando desde hace más de 40 años y que necesitará de nuevos pasos ya que los propietarios podrán recurrir el justiprecio que el ayuntamiento ha contemplado como compensación por el derribo de los garajes.
El Pleno también ha aprobado inicialmente, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE-CastroVerde, Ciudadanos y Podemos), las abstenciones del PRC y Vox y el voto en contra del PP, la ordenanza reguladora para proteger, a través del Plan general de Castro, el suelo rústico ordinario tras la liberalización de este suelo a través de la ley regional. Para ello, el Ayuntamiento, como primer municipio de Cantabria que lo hace, ha echado mano del artículo 51.4 de la ley que permite poner condiciones más restrictivas para el desarrollo del suelo rústico ordinario, que en Castro, ha dicho el edil de Urbanismo, “hay poco”. En el texto se han atendido alegaciones de Seobirdlife y las juntas vecinales de Islares, Oriñón y Sámano.
Cabe recordar que la legislación de Cantabria sobre suelo rústico (Ley 5/2022 y sus modificaciones de 2024/2025) permite, tras la liberalización, construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico ordinario, con parcelas mínimas generales de 2.000 m2 facilitando la rehabilitación de construcciones existentes y flexibilizando los usos residenciales, turísticos y de ocio. Asimismo da potestad a los Ayuntamientos para aprobar limitaciones a ese desarrollo.
El PP difiere del discurso del equipo de gobierno sobre el desarrollo urbanístico en el suelo rústico asegurando que no todas las actuaciones van encaminadas a la construcción de vivienda unifamiliar.
El edil de Ciudadanos, Jóse Mari Liendo, ha incidido en la necesidad de que haya un control, “una disciplina urbanística rápida y severa que corrija cualquier tipo de irregularidades”.
Para Podemos es positiva la ordenanza que permitirá limitar y conservar el poco suelo rústico existente para necesidades que puedan surgir al Ayuntamiento al tiempo que exista una mayor vigilancia y resolución de las actuaciones irregulares.
Vox esperaba una ordenanza un poco más amplia.
Tras el debate de estos puntos durante dos horas se ha acordado hacer un receso de media hora.
La corporación, por otra parte, ha aprobado por unanimidad una bonificación del 95% del impuesto de construcciones y de la tasa urbanística al Instituto cántabro de servicios sociales por las obras de interés general que está ejecutando en el Centro de día para mejorarlo y habilitar además un Centro de atención a personas con deterioro cognitivo con una capacidad de 30 plazas.
Otro punto que ha salido adelante por unanimidad ha sido la modificación de la relación de puestos de trabajo del puesto de Técnico de Recursos Humanos, consistente en añadir a la titulación académica la de Graduado en Derecho o equivalente. También se ha aprobado, con el voto en contra de Podemos como protesta por no haber actualizado la cantidad económica desde 2019, el convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento para la financiación de las competencias de Protección civil, prevención y extinción de incendios en Castro, Guriezo y Valle de Villaverde. Un acuerdo que se renueva cada dos años y por el que Castro recibe desde 2019 la cantidad de 400.000 euros, pese a que hace años que se viene reclamando un aumento de la cantidad.
Se ha aprobado el Plan normativo de 2026 que recoge las ordenanzas y reglamentos que se pretenden tramitar este año.
