La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido «el interés público de libro» de los PSIR de Castro Urdiales y de Santander, y ha asegurado que su Gobierno va a tramitarlos «con transparencia, escucha y sensibilidad, pero tomando las mejores decisiones para el interés regional».
«No voy a dar marcha atrás en una sola de las reformas que están permitiendo a esta tierra transformarse», ha asegurado la presidenta refiriéndose a la regulación de los PSIR «para generar actividad productiva o construir vivienda pública vinculada a grandes equipamientos».
Buruaga ha garantizado que el Gobierno va a seguir «velando por los intereses legítimos de todos con racionalidad, justicia y equilibrio», y ha rechazado a quienes ponen «palos en las ruedas» de estos proyectos «para que se hagan en otra parte». «Nosotros creemos que Cantabria no necesita más obstáculos sino más oportunidades», ha añadido.
Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Buruaga ha destacado que su Gobierno ha conseguido atraer a Cantabria más inversión privada «que nunca» y ha mantenido su apuesta por fomentar «un entorno capaz de atraer la inversión privada, acelerando proyectos estratégicos y fortaleciendo la colaboración público-privada para seguir transformando el modelo productivo y generando prosperidad en Cantabria». «Hemos trabajado mucho para conseguirlo y no voy a pedir disculpas por ello», ha afirmado.
Ha asegurado que «un Gobierno responsable lo que tiene que hacer es tratar de aprovechar esas oportunidades en beneficio de su tierra y no rechazarlas por taras ideológicas». Además, ha recordado que los cántabros la eligieron «para cambiar las cosas, y para que las cosas cambien, hay que atreverse a cambiarlas».
Por eso, ha considerado que aprobar esos PSIR es también un asunto de «valentía y sentido común», teniendo en cuenta la previsión de viviendas protegidas a precios asequibles y los equipamientos públicos que incluyen ambos proyectos.
Ha detallado que el proyecto Bosques de Santander y la actuación en Castro Urdiales va a suponer la construcción de 10.000 viviendas en los próximos años, 4.000 de ellas a precios asequibles –»más de las que se han construido en Cantabria en 50 años»-, además de la construcción de la Ciudad de la Justicia a coste cero, un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas, la cesión de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte e infraestructuras viarias y dotaciones. En total, un retorno público de 320 millones de euros en una inversión de 1.500 millones de euros. «Eso es Bosques de Santander», ha añadido la presidenta.
Además, el PSIR de Castro Urdiales incluye 100 viviendas ‘llave en mano’ y suelo urbanizado para otros 440, además de cesiones valoradas en 23 millones de euros, entre ellas, el nuevo hospital.
Frente a ello, ha recordado que no se construyó «ni una sola vivienda pública en Cantabria» en las dos anteriores legislaturas, un balance que, a su juicio, se ha intentado tapar con decretos desde Madrid.
También ha criticado la demagogia de la oposición, «atemorizando a los afectados» por los PSIR y ha recordado que precisamente el actual Gobierno ha sido quien, «tras escuchar a los vecinos», modificó el PSIR de Laredo, que aprobó el anterior Ejecutivo, reduciendo de 47 a 11 el número de viviendas afectadas.
Una «sensibilidad sin precedentes» que también ha manifestado en la tramitación del PSIR de Santander, pidiendo al promotor una nueva delimitación «que salvara el núcleo de Rucandial», reduciendo los afectados de 29 a 6.
«El PSIR no es ningún invento de mi Gobierno ni hay abuso de ningún tipo», ha asegurado la presidenta, que ha recordado que para la construcción del PCTCAN y 3 proyectos residenciales se han derribado desde 2004 en Santander 43 viviendas y para La Pasiega se expropiaron 97 fincas y 10 viviendas.
«¿Alguien dudo entonces del interés regional de esos proyectos?» se ha preguntado Buruaga.
Ni excepcional ni expropiatorio
En su intervención en el pleno, la presidenta ha asegurado que el PSIR «no es una figura excepcional», ya que es un instrumento de ordenación territorial «generalizado y consolidado», con más de dos décadas en Cantabria, ni es «expropiatoria» porque su objetivo es regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios, proyectos turísticos destacados, deportivos y culturales , viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y grandes equipamientos y servicios de especial importancia.
«Mucho menos es un atajo o una barra libre (…) y tampoco arrolla la autonomía municipal ni los derechos de los ciudadanos», ha señalado la presidenta, aludiendo a las críticas de los grupos de la oposición, y recordando que precisamente los ayuntamientos participan en la tramitación y emiten informes «desde el primer momento».
Ha puesto el ejemplo del PSIR ‘Olucas Surf Center’, el único que por el momento ha declarado de interés regional este Gobierno, que ha contado con informe favorable del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, que ha «apreciado elementos suficientes para justificar un interés que trasciende del ámbito municipal».
En este sentido, ha criticado que ahora hablen de «pelotazos», «quienes llevan 40 años enredando con el urbanismo de Cantabria y tienen 15 PSIR declarados», y quienes apoyaron la ley de Simplificación Administrativa que incluye la figura de este tipo de PSIR, ahora «renieguen de lo aprobado hace menos de un año», a quienes ha acusado de «utilizar a los afectados en su propio beneficio electoral».
