El Pleno municipal ha dado luz verde a la firma del convenio marco entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y el Gobierno de Cantabria para la construcción de un cine teatro en la parcela junto al Pachi Torre. El punto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE-Cs), PP y Podemos, la abstención del PRC y el voto en contra de CastroVerde.
El concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández, ha dicho que el convenio “es el primer paso de una colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria para conseguir que Castro tenga un cine teatro que cubra las necesidades de una ciudad como la nuestra, una infraestructura de referencia, con una programación que entre dentro de los circuitos culturales y que albergue el Conservatorio, así como las escuelas de artes escénicas (música, danza y teatro) y que cubra las necesidades de ahora y de futuro por la elevada inversión”.
El edil ha destacado que “es una oportunidad; se tiene la parcela perfecta, con capacidad, bien ubicada y con buenos accesos”, donde se levantaría un auditorio de 800 butacas y permitirá desarrollar usos que complementan a la infraestructura cultural, con 375 plazas de aparcamiento y un plaza de casi 2.500 metros cuadrados.
Un convenio, señalaba Fernández, que ha sido el resultado de las conversaciones mantenidas entre la alcaldesa y el consejero de Cultura y en el que “ambas administraciones irán de la mano para que ese teatro, parking y plaza sean una realidad”.
Merced a este convenio, se estipula que el Gobierno regional se compromete a sufragar un concurso de ideas y la redacción del proyecto de ejecución –más de medio millón de euros. La participación del Gobierno permitirá que participen en ese concurso los mejores estudios de arquitectura en la proyección del teatro.
El edil también pedía a los concejales que digan si están o no de acuerdo con una infraestructura cultural como la que se proyecta tal y como hicieron en la pasada legislatura en el proyecto del Agora, desechado por no cubrir las necesidades de Castro actuales ni futuras.
Desde el PRC, Carla Urabayen, creen que este convenio “es poner literatura a algo, un libreto para que el PSOE interprete su mayor comedia vendiendo un teatro que saben que nunca van a realizar, pero que se convertirá en un drama cuando se estudie como se va a pagar”.
Los regionalistas dudan de que Castro necesite un teatro de 800 plazas y lo que es más importante “si se lo puede permitir”. Esta formación estima que este teatro tendrá un coste de entre 12 y 16 millones de euros “y no hay ni un solo número en el informe de memoria que han presentado”.
Urabayen ha señalado que el convenio “es una huida hacia adelante, un intención de hacer algo que no han hecho en lo que va de legislatura y que es matemáticamente imposible ejecutarlo en lo que queda; es un timo y una incongruencia que la Consejería de Cultura premie la falta de voluntad de pago por la no ejecución del proyecto del centro multiusos del Agora”, privando a los castreños de tener ya una instalación con menos plazas, más fácil de mantener y con espacio para las escuelas de artes escénicas. En este sentido, el edil de Urbanismo ha rechazado que eso sea cierto ya que el proyecto del Agora tenía un informe negativo de Patrimonio al no poderse agrupar las tres parcelas del solar siendo necesario una tramitación de un Plan especial si se hubiera seguido adelante con el proyecto.
Por todo ello, desde el PRC consideran que “de momento solo tenemos una condena -para pagar el proyecto desechado del Agora 138.000 euros, más intereses, más costas-, y una promesa para un futuro muy lejano para un megateatro”.
CastroVerde cree que es lícito apoyar este proyecto con el que no están de acuerdo “pero lo que no es lícito es mentir”. El edil Eduardo Amor ha dicho que esta obra no será posible construirla en esta legislatura y además “no es sostenible por el Ayuntamiento”. Al respecto, echan de menos un estudio sobre lo que costaría mantener esas instalaciones que esta formación estima en “un millón de euros anuales” y un estudio de necesidades que avalen su construcción.
Para el Partido Popular, el convenio marco es una declaración de intenciones, al tiempo que la edil Ana Urrestarazu ha recordado que su partido siempre ha trabajado por la cultura y ha defendido la construcción del teatro en esa parcela “dentro de unas condiciones porque no todo vale”. Respecto a otras decisiones que se hayan de tomar respecto a este proyecto, el PP “valorará las que sean mejores para el interés general y para el Ayuntamiento”.
Urrestarazu ha criticado la falta de trabajo en el área cultural en esta legislatura. “Es un fracaso en material cultural con una gestión nula”, ha dicho, sin que le sirvan las excusas de la pandemia. Respecto a dar contenido al teatro, dependerá, ha dicho, de la voluntad de los concejales de trabajar.
Por su parte, Jóse Mari Liendo de Ciudadanos ha señalado que este convenio “es un paso importante para la dotación de una buena instalación”.
Finalmente, el concejal de Podemos, Alberto Martínez, ha expresado su intención de no poner trabas a un proyecto que emana de la voluntad democrática. El edil cree que este convenio es “muy buena noticia” y ve interesante lo que se proyecta: un nuevo cine teatro , incluir las escuelas de artes escénicas, un parking y una plaza. Respecto al coste se irá estudiando cuando toque. Martinez también ha insistido en que, en tanto no se cuente con el teatro, se haga “un esfuerzo” por reabrir el auditorio de Sámano por ser una necesidad.
Por otro lado, el Pleno por unanimidad ha aprobado definitivamente el Estudio de detalle de la Unidad de ejecución 1.50, en cumplimiento a lo que marca el Plan general, como primer paso para demoler el viejo edificio entre las calles La Ronda y Eladio Laredo, ensanchar la calle en esa zona de la trama urbana y construir un nuevo edificio con bajos comerciales, un proyecto que transformará esa zona del centro de Castro Urdiales.
En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado, con la abstención de CastroVerde y Podemos, modificar la ordenanza fiscal reguladora de la Plusvalía para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba ilegal el sistema de cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal.
Una modificación que supondrá una merma, según las primeras estimaciones, de unos 300.000 euros anuales en ingresos para el Ayuntamiento.
El Pleno también ha aprobado con la abstención de CastroVerde la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de los servicios de gas,luz, agua, etc.
Además, se ha aprobado la prórroga de los presupuestos municipales y la modificación para que las asociaciones puedan recibir las subvenciones nominativas, y varias bonificaciones del impuesto de construcciones y tasa urbanística por obras del informe de evaluación de edificios.
