Señala la formación morada que la ley 12/2023 del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda aprobada por el Gobierno de España, deja en manos de las comunidades autónomas declarar, por tres años prorrogables anualmente, un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado, por lo que este grupo anuncia una moción para el siguiente pleno municipal en la que se inste al Gobierno de Cantabria a dar este paso.
“Esta declaración requiere del cumplimiento de unas condiciones previas, que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares o el precio de compra o alquiler ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores, condiciones que creemos que en Castro podrían cumplirse”, señala Alberto Martínez, portavoz del partido en la localidad.
“Si efectivamente se cumplen esas condiciones, la declaración del municipio como zona tensionada, permitiría aplicar las medidas diseñadas para abordar la escasez de oferta y los altos precios del alquiler y haciéndolo más accesible a los residentes”, recalca el concejal.
Los principales efectos derivados de esta declaración pueden resumirse en los siguientes:
-Restricciones a los aumentos de alquiler: Los propietarios no pueden aumentar el alquiler más allá de un porcentaje establecido por el Índice de Precios de Referencia (IPR).
-Limitación de rentas para grandes propietarios: Los propietarios con múltiples propiedades están sujetos a límites en las rentas que pueden cobrar.
-Incentivos fiscales a los arrendadores: la actual desgravación del 60-70 % en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual pasa a ser del 50 %, pero se modula hasta el 90 % en las zonas tensionadas.
-Planes específicos: cada zona tensionada debe contar con un plan de acción a tres años que busque ampliar la oferta de vivienda asequible y puede establecer ayudas para reducir los precios de venta o alquiler, así como los incentivos fiscales, aunque estos son muy limitados ya que el grueso de la fiscalidad depende de las autonomías.
Alberto Martínez dice que vuelven a poner sobre la mesa, como en los últimos años, propuestas para abordar unos de los mayores problemas y desafíos actuales de nuestra sociedad como es el del acceso a la vivienda, y espera que no caiga en saco roto.
