La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha valorado las mejoras introducidas en la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que entrará en vigor mañana.
Esta modificación impulsada por el Gobierno cántabro da respuesta a las demandas de los ayuntamientos y de los propios agentes, introduce cambios en materia de selección y formación, y facilita la implantación del proceso selectivo unificado.
Urrutia ha opinado que con el cambio normativo que introduce la Ley 7/2026, de 4 de junio, se consigue la mejora de la estabilidad de las plantillas municipales, una mayor seguridad durante el periodo de prácticas y se adapta el sistema a las nuevas necesidades de seguridad de la sociedad.
«Mejoramos la coordinación y gestión de los 32 cuerpos de policía local de Cantabria con una norma que es fruto del diálogo permanente con los ayuntamientos, los jefes de policía, las organizaciones sindicales y los profesionales», ha subrayado la consejera de Presidencia y Seguridad.
Así, ha avanzado que, tras la entrada en vigor de la norma, el Gobierno autonómico iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco con posterioridad a la reunión de la Comisión de Coordinación de Policía Local, que se celebrará el próximo 17 de junio. Este reglamento regulará la organización, funcionamiento y prestación del servicio de las policías locales de Cantabria, con el fin de adaptarlas a las necesidades actuales de ayuntamientos y profesionales.
Igualmente, el Ejecutivo convocará durante el último trimestre de este año el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes, una oposición que contará con el apoyo técnico de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional para elaborar las bases y pruebas, en virtud de un protocolo de colaboración suscrito recientemente.
En concreto, la reforma impulsada por el Ejecutivo regional introduce cambios en la regulación del curso básico obligatorio dentro del proceso selectivo unificado, separando claramente las fases de oposición, formación y prácticas para simplificar y agilizar el acceso a los cuerpos de policía local.
Asimismo, permite que el curso básico pueda ser realizado por un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, en el porcentaje que determinen las bases de cada convocatoria.
Con esta medida se pretende evitar que queden plazas vacantes cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de volver a realizarla en futuros procesos selectivos.
La nueva ley elimina igualmente la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en los procesos de selección y promoción interna, favoreciendo así el desarrollo de la carrera profesional de los agentes.
Otra de las novedades de la ley es la modificación de los artículos para permitir que los policías locales en prácticas puedan portar armas de fuego durante esta fase formativa, siempre que hayan superado previamente la correspondiente instrucción de tiro. El objetivo es garantizar la seguridad tanto del agente en prácticas como del que realiza las funciones de tutor.
Por último, el nuevo texto se adapta a la estructura administrativa actual, eliminando las referencias a la antigua Escuela de Policía Local tras su integración en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).
