El equipo de gobierno municipal tiene previsto modificar la ordenanza fiscal nº 6.15 reguladora de la tasa por prestación del servicios de suministro de agua con una subida de un 14,60%, lo que supone ocho euros anuales de incremento, para alcanzar el equilibrio económico y financiero del servicio. Una actualización que no se realiza desde hace diez años, lo que supone un desequilibrio económico para la empresa adjudicataria del contrato. Puedes volver a escuchar la entrevista en este enlace:
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El punto que se iba a dictaminar hoy en Comisión de Hacienda se ha dejado sobre la mesa a falta de un informe, tal y como ha contado en Onda Cero el edil de Hacienda Pablo Antuñano, por lo que esta modificación no se llevará al Pleno de agosto.
El edil ha recordado que, tal y como se recoge en el contrato, el servicio se debe actualizar anualmente con el índice de precios al consumo (IPC). Algo que no se ha hecho desde 2013 con lo que es necesario poner al día el acumulado, aumentando dos euros el trimestre en el bloque del mínimo de 30 metros cúbicos de consumo, lo que supone un aumento de 8 euros anuales.
Pablo Antuñano cree que tras las denuncias judiciales que en su momento presentó Ascan para solicitar el equilibrio económico y financiero y que se tradujeron en condenas por importe de seis millones de euros, “ahora el desequilibrio es muchísimo menor y es preferible pagar dos euros más al trimestre, que lo pagamos todos los que tenemos un contador, estamos o no empadronados en Castro, que pagar el desequilibrio a través de los presupuestos gravando más a los que estamos empadronados”.
Antuñano ha dicho también que hay un seguimiento continuo de este contrato a cargo de un técnico municipal y que se mantienen reuniones frecuentes con la empresa para abordar este tipo de cuestiones así como otras relacionadas con la mejora del servicio.
Por otro lado, en la Comisión de hoy se ha dictaminado el punto relacionado con la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza nº 8.13 reguladora del precio público por la utilización de los servicios de préstamo de bicicletas, vehículos de movilidad personal eléctricos (VMP) y de aparcamiento seguro de bicicletas. Así, se ha desestimado la única alegación presentada, que más bien era una sugerencia sobre el funcionamiento del servicio, de una ordenanza que “será dinámica” y que se espera entre en vigor cuanto antes.