El Gobierno de Cantabria sigue extendiendo el deber general de simplificación administrativa que establece la ley autonómica y ha reducido los trámites y cargas administrativas en el sistema de concesión de las subvenciones destinadas a las 514 entidades locales menores existentes en la comunidad (juntas vecinales y concejos).
La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las nuevas bases reguladoras de las subvenciones que financian los gastos corrientes de estas entidades que facilitan su funcionamiento. Esta normativa autonómica se une a la aprobada para las ayudas a las mancomunidades con el mismo fin de agilizar los trámites, incrementar la seguridad jurídica y eliminar la presentación de documentos innecesarios.
Y es que las nuevas bases de las ayudas dirigidas a las entidades locales menores sustituyen a las aprobadas en 2019 y se procede a su actualización respecto a la Ley de Cantabria de Simplificación Administrativa.
Cabe recordar que el año pasado ninguna de las nueve Juntas vecinales de Castro Urdiales obtuvo subvención dentro de la convocatoria de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, desde la Dirección general de Administración local, de ayudas a Entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2024, destinadas a financiar sus gastos corrientes.
Así, se ha eliminado la obligación de que las entidades locales menores justifiquen la liquidación del presupuesto a 31 de marzo del año siguiente al de la convocatoria, puesto que se trata de una obligación legal establecida en otras normas locales y nacionales. Igualmente, se ha considerado que el cumplimiento de esta obligación no está necesariamente vinculada a la justificación de la subvención para gastos de funcionamiento.
Frente a ello, a estas entidades se les exigirá únicamente una justificación del coste de la actividad subvencionada, esto es, de los gastos corrientes para su normal funcionamiento en el año de cada convocatoria.
Por otra parte, se exige el presupuesto definitivo publicado en el BOC, previsto ya en la normativa autonómica y presupuestaria estatal, y para optar a estas ayudas se considerará el presupuesto aprobado o el prorrogado para el ejercicio de la convocatoria.
La consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de esta iniciativa, en este caso para que las entidades locales menores, «las más próximas» a los vecinos, «ahorren en tiempo y dinero» y dispongan «más fácilmente» de las ayudas que aseguran unos ingresos necesarios para el cumplimento de sus funciones.
Según ha subrayado Urrutia, la Ley de Simplificación que ha impulsado el Gobierno introduce «cambios estructurales y procedimentales» en la relación del ciudadano con la administración autonómica para conseguir que esta tenga de forma efectiva «un papel facilitador» de la actividad y «no suponga un freno».
