El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios acuerdos en materia de vivienda que tienen como objetivo estabilizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de compra como de alquiler, especialmente para aquellos ciudadanos que más lo necesitan.
En concreto, se ha dado luz verde al nuevo decreto que eleva de 500 a 700 euros el importe del contrato para poder acceder a las ayudas al alquiler y las ayudas al alquiler para colectivos especialmente vulnerables. Un documento que recoge además ayudas para la compra y alquiler de personas jóvenes de hasta 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes.
En segundo lugar, también se ha aprobado hoy una nueva actualización del módulo que rige el precio de las viviendas protegidas en Cantabria, así como de los ámbitos geográficos en los que opera.
Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación el Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien ha recordado que la política de vivienda es «absolutamente prioritaria para el Gobierno» y ha asegurado que estas medidas en positivo están «claramente orientadas a ajustarse a la situación real del mercado de la vivienda», que beneficiarán a muchos cántabros.
Respecto al decreto de ayudas de alquiler y compra de vivienda, cuya publicación en el Boletín Oficial de Cantabria está prevista para los próximos días, Media ha destacado que el actual decreto «había quedado obsoleto y no recogía las nuevas necesidades del mercado de la vivienda».
El consejero ha destacado que uno de los cambios más importantes que se recogen en el decreto es la modificación del tope para poder recibir las ayudas al alquiler. Hasta ahora solo podían beneficiarse de estas ayudas los inquilinos que pagasen como máximo 500 euros de renta al mes, pero con esta modificación esta cifra se eleva hasta los 700 euros.
«Este decreto busca adecuar las ayudas del Gobierno a la situación real del mercado de la vivienda, y por eso, hemos subido el tope de los contratos susceptibles de recibir ayuda desde los 500 hasta los 700 euros al mes», ha afirmado Media, quien ha añadido que se cambia así una situación que se había quedado «desfasada».
El titular de Vivienda ha destacado además el aumento del porcentaje subvencionable que pasará del 40% actual al 50%.
El anterior decreto fijaba un tope de ayuda del 40% de los 500€, esto es, 200 €/mes máximo y con la nueva línea de ayuda se fija en el 50% de 700€. En este caso los ciudadanos podrán recibir un tope de hasta 350 €/mes desde el gobierno», ha explicado.
Además, el consejero ha destacado la importancia de recordar que todos los ciudadanos que venían percibiendo esta ayuda podrán seguir recibiéndola, pero deberán volver a solicitarla en la sede electrónica de la Dirección General de Vivienda, en las oficinas de la Dirección General sitas en la C/ Alta o rellenando el formulario que se pueden descargar en la web viviendadecantabria.es y que podrán presentar en cualquier registro del Gobierno de Cantabria.
En cuanto a la ayuda al alquiler de los colectivos especialmente vulnerables también hay novedades. Con la publicación del nuevo decreto, los contratos objeto de subvención no estarán únicamente dirigidos a viviendas, sino que se ampliarán a contratos de uso de habitación o, en casos de situaciones especiales, cualquier solución habitacional que pueda darse ante circunstancias excepcionales, como pensiones u otros tipos de alojamiento.
Como en el caso anterior los contratos de alquiler susceptibles de subvención pasan de ser como máximo de 500€/mes a 700€/mes. Además, se incrementa el porcentaje de esta ayuda del 60% al 100% de la renta, y su duración aumenta de los dos a los 5 años.
«Estas sí son verdaderas políticas que ayudan a la gente y demuestran que el Gobierno de la presidenta Buruaga es el gobierno más social de la historia», ha expresado Media.
Compra y alquiler de viviendas para personas jóvenes
Respecto al programa de Ayuda a las Personas Jóvenes y para Contribuir al Reto Demográfico, el consejero ha destacado novedades para acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler para personas menores de 35 años.
El nuevo decreto destina estas subvenciones a jóvenes que adquieran o alquilen una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, en lugar de municipios menores de 5.000 habitantes como recogía la anterior convocatoria. Con esta modificación «prácticamente se universaliza esta importante ayuda», ha afirmado Media, en relación al colectivo de jóvenes que se encuentra en una situación especialmente complicada para acceder a la vivienda.
Además, la ayuda al alquiler para menores de 35 años también contempla un aumento del importe del contrato, hasta los 700 euros al mes en lugar de los 500 euros actuales. En este caso será subvencionable hasta el 60% del precio del arrendamiento, con lo que la ayuda máxima será de 420 euros al mes. Su duración también se amplía pasando de los dos a los cinco años.
Respecto a la compra de viviendas en este tipo de núcleos por parte de jóvenes, el consejero ha recordado que el presupuesto del Ejecutivo cántabro destina en este 2025 un 30% más, hasta los 900.000 euros con la posibilidad de ampliar esta cifra en función de la demanda. Una ayuda directa a fondo perdido del 20% del precio de compra, con un límite de 10.800 euros para las adquisiciones de vivienda que no superen los 120.000 euros.
Actualización de precios del módulo VPO
El otro acuerdo aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno es una nueva actualización del módulo que rige el precio de las viviendas protegidas en Cantabria.
El consejero ha recordado que el pasado año el Ejecutivo llevo a cabo una primera modificación que «ha dado sus primeros resultados» en Bezana donde han comenzado a construirse las primeras 48 VPO de iniciativa privada que se impulsan en Cantabria en la última década.
«Necesitamos la colaboración de la actividad privada como ha ocurrido siempre y por eso hemos vuelto a modificar el módulo de estas viviendas», ha explicado Media, quien ha añadido que se ha realizado también una modificación en los tres ámbitos geográficos donde opera.
Así, al área geográfica denominada A, además de Santander y Castro Urdiales, se incorporarán también Comillas, Suances, Torrelavega y Laredo. En estos municipios el precio máximo de las viviendas de protección oficial aumenta y pasa de los 1.781,12 €/m² útil a los 1.901,95 €/m² útil.
En consecuencia, el área B queda constituido por los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Reocin, Santillana del Mar, Corrales de Buelna, Cartes, Polanco, Pielagos, Miengo, Villaescusa, Santa Cruz de Bezana, Astillero, Camargo, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrabasaguas, Ribamontan al Mar, Ribamontan al Monte, Bareyo, Arnuero, Meruelo, Noja, Escalante, Argoños, Barcena de Cicero, Santoña, Colindres, Voto, Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo, Campoo de Enmedio y Reinosa. En esta área el precio máximo de las viviendas de protección oficial también aumenta y pasa de los 1.657,21 €/m² útil a los 1.788,16 €/m² útil.
Por último, el área geográfica C, queda constituida por el resto de municipios y en esta área el precio máximo de las viviendas protegidas pasa de los 1.548,80 €/m² útil a los 1.625,60 €/m² útil.
«Nuestro objetivo es que en el mercado existan más viviendas, y cuantas más protegidas haya mejor. Y no vamos a cesar en este empeño», ha asegurado Media, quien ha recordado las 285 VPO que el Ejecutivo va a poner en marcha en esta legislatura en nueve municipios, de las que 212 se construirán a través de un modelo de colaboración público-privado en seis de estos municipios.
«En política de vivienda, este gobierno no descarta ningún modelo. Se trata de un problema de país y lo público debe estar allí donde la iniciativa privada no llega», ha expresado Media, quien ha defendido además que el modelo público-privado «llega para quedarse y comunidades autónomas de todo signo político lo están adoptando. No tengamos ningún complejo a ninguna iniciativa que venga a aportar más vivienda, porque será bueno para todos», ha concluido.
