El Parlamento de Cantabria debatirá el lunes una proposición no de ley registrada por el Partido Popular para que se explicite la preocupación por el estado de conservación del Cargadero de Dícido, Bien de interés cultural; se inste al Gobierno de España a llevar a cabo a la mayor brevedad posible las actuaciones para su restauración y se muestre, con carácter general, el rechazo ante los incumplimientos y retrasos del Gobierno de España con Cantabria.
Según el PP, las obras de rehabilitación llevarían paralizadas desde hace un año y no se habrían reanudado tras la modificación presupuestaria aprobada hace un tres meses por el Ayuntamiento por importe de 412.379 euros, impuestos incluidos, con lo que el total de la obra suma la cantidad de 1.689.054, incluidos los impuestos. Una actuación que está subvencionada por el MITMA y cuenta también con aportaciones del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Castro.
El senador por Cantabria, Iñigo Fernández, acompañado del portavoz del grupo municipal, Cristian Antuñano, la edil Nora Martínez y el diputado regional Álvaro Aguirre, ha mostrado hoy en Castro su preocupación por el estado del cargadero y el riesgo de derrumbe si no se actúa con rapidez “lo que supondría la pérdida irrecuperable de un referente de la arqueología industrial de la región”.
Fernández pide al Ministerio que “se ponga al frente de este proyecto” dado que es el principal financiador de una obra, ha recordado, impulsada en 2017 por el entonces ministro de Fomento Iñigo de la Serna que se comprometió con la directora de Cultura a promover la restauración del BIC con cargo al programa del 1,5% cultural. “Si el Ministerio tiene que tirar al Ayuntamiento de las orejas que le tire”, ha instalado el senador autonómico, que ha pedido “que se pongan las pilas”, y que se pongan a trabajar para subsanar todos los problemas burocráticos y administrativos que haya”.
Además, el Partido Popular en Castro ha registrado una solicitud dirigida a la alcaldesa para que se dé traslado a su grupo de las actuaciones que se hayan venido realizando hasta la fecha, así como el estado de ejecución del proyecto, y expedientes administrativos, y que se convoque una comisión informativa extraordinaria y monográfica para que se dé cuenta del estado de las obras.
Según el portavoz Cristian Antuñano, no se ha tenido más información desde que las obras se pararon hace un año, un ejemplo más, dicen del secretismo que practica el equipo de gobierno sobre determinados proyectos.