La deuda de Mioño y la petición del PRC de un pleno extraordinario para solucionarla así como la situación del resto de juntas que mantienen deudas con el Ayuntamiento por la subvención del agua mal justificada ha centrado hoy la tertulia política de Onda Cero. Puedes volver a escuchar la tertulia en este enlace: https://www.ivoox.com/tertulia-politica-18-octubre-2021…
Desde el PRC, el edil Pedro Fuste ha tenido que defender en solitario la propuesta de su grupo para que se de una solución “urgente” a un problema que pone en juego “la viabilidad y continuidad de la junta”.
La concejala Nereida Díez (PSOE) ha acusado a los regionalistas de “jugar sucio” con esta solicitud de podían haber incluido en el orden del día del Pleno anterior o en cualquier otro ordinario. La edil estima que el PRC solo “mira” por el interés de una junta cuando hay otras más que tienen problemas para devolver la deuda del agua. Además, ha reprochado a la formación regionalista que las propuestas planteadas de compra venta de una parcela en el monte Cueto o la compra venta del polideportivo Anita “no son viables” tal y como han señalado los técnicos del Ayuntamiento de Castro Urdiales. “Todas las pedanías son importantes y no se pueden basar en una para hacer daño”, ha espetado a Pedro Fuste la concejala socialista.
El edil regionalista ha rechazado que se esté actuando de mala fe; aseguran que se preocupan desde el PRC por todas las pedanías pero que el caso de Mioño es “especial y grave”. Al respecto, ha descrito que cuando el alcalde pedáneo accedió a la Junta los ordenadores estaban vaciados, no había actas desde 2011, los acreedores no hacían más que pedir lo adeudado y que no se tuvo un listado de la deuda hasta agosto de 2020 tras pedirlo numerosas veces al Secretario Interventor de Juntas.
Pedro Fuste ha dicho que “en Mioño se han hecho tropelías injustificadas que no se han hecho en otras juntas” y ha afirmado que el pedáneo está luchando “desde el primer día” por hacer frente a una solución aunque los recursos con los cuenta son “pírricos” y se ha quitado muy poca deuda.
La concejala del PP, Ana Urrestarazu, asegura que la propuesta regionalista es “ilegal” porque no se puede comprar y vender patrimonio para pagar deuda y los concejales no tienen entre sus competencias el votar este tipo de acuerdos. La edil también ha cuestionado sobre las gestiones que el pedáneo Asier Lagorfa ha realizado desde que cogió las riendas de la Junta, en junio de 2019, “ha pagado entre poco y nada de deuda”, en su opinión y “ha incumplido el calendario de pagos” acordado en los juzgados, ha dicho la edil. Tampoco se cree Urrestarazu que el Secretario Interventor no haya dado información sobre la deuda hasta año y medio después de haberla requerido.
La concejala popular ha tildado de “desastre” la gestión desarrollado por el PSOE en aquellas juntas donde ha gobernando como en Mioño y ha indicado que la Junta tendría que negociar con los tres acreedores –un banco y dos empresas- que atosigan en estos momentos a Mioño por un importe cercano al medio millón de euros. Ha preguntado también por las reuniones solicitadas por el alcalde pedáneo a la alcaldesa de Castro y los técnicos municipales a lo que Fuste ha contestado que «han sido muchas veces».
Desde Ciudadanos, Jóse Mari Liendo, considera que es “grave que se utilice una situación compleja como ésta en una nueva batalla del PRC contra el PSOE”.
Ha reprochado a los regionalistas que no hayan puesto en marcha un plan de pagos para en los dos años y medio de legislatura y que se quiera reprobar a los anteriores mandatarios de Mioño que fueron elegidos por los vecinos. “Que lo hagan ellos en la sesión de la Junta vecinal”, ha señalado y ha añadido que los concejales del Ayuntamiento “no tenemos que hacer de gestores de las juntas vecinales”.
Liendo también duda de la legalidad de las propuestas regionalistas y de que haya habido un acuerdo previo de la Junta vecinal para dar el visto bueno. No se cree tampoco que el pedáneo desconociese a qué se enfrentaba en lo económico cuando asumió la presidencia de la pedanía porque las sentencias firmes llegan a la Junta y porque si no al detalle una cifra aproximada si podía conocer desde el principio.
