El grupo municipal Podemos-IU ha solicitado de nuevo formalmente al ayuntamiento de Castro Urdiales la revisión de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en el municipio. Esta petición ya fue realizada en 2021, y como recuerda Alberto Martínez, concejal de la agrupación, “cayó en saco roto”.
“Esta petición surge a raíz de la aún vigente preocupación sobre la legitimidad y transparencia de estos procesos. En nuestro municipio hay 33 inmuebles inmatriculados entre 1998 y 2015, es decir de los susceptibles de ser auditados para una posible reclamación“, señala el edil.
Podemos-IU considera fundamental «garantizar la equidad y la justicia en la gestión del patrimonio público. Las inmatriculaciones, que permitieron a la Iglesia Católica registrar propiedades a su nombre sin necesidad de demostrar su titularidad previa, han generado controversia y dudas sobre la correcta aplicación de la normativa”, asegura Pablo Villasante, portavoz de Izquierda Unida en Castro Urdiales.
En este sentido, han requerido de nuevo al gobierno municipal, llevar a cabo una revisión exhaustiva de todas las inmatriculaciones realizadas en Castro Urdiales y sus juntas vecinales. El objetivo, dicen, es asegurar que todos los procedimientos se hayan llevado a cabo de manera transparente y conforme a la ley, protegiendo así los intereses de la ciudadanía y del patrimonio público.
Podemos-IU indica que el listado de los 33 inmuebles es público, y aunque en él vemos inmuebles de uso evidente para el culto como iglesias o ermitas, también destacan la presencia de numerosos solares calificados como suelo rústico y algunos de uso urbano, como por ejemplo uno descrito como “Parcela 6″, de una finca sita en la zona de la playa.
Finalmente, hacen un llamamiento a la colaboración de todas las partes implicadas para esclarecer cualquier irregularidad y garantizar la correcta gestión de los bienes inmuebles en nuestro municipio. Creen también que las pedanías «deben implicarse en esta auditoría como posibles afectadas, la transparencia y la justicia deben ser pilares fundamentales en la administración pública, y es responsabilidad de todos velar por su cumplimiento».
