El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado con las únicas abstenciones de Podemos y Vox la última prórroga del contrato de gestión de la OCA, ante la necesidad del servicio para regular un espacio público escaso, y para que en ese tiempo se pueda armar el nuevo pliego para una próxima licitación.
El concejal de movilidad, Eduardo Amor, ha subrayado la necesidad del servicio ante la insuficiencia de plazas de aparcamiento lo que conlleva una regulación cuya gestión supone unos ingresos al Ayuntamiento de 720.000 euros anuales. Ha explicado también que se ha adjudicado un contrato de asistencia para la redacción de los pliegos que incorporarán algunas modificaciones como la regulación en algunas playas de juntas vecinales, estudiando también las propuestas de la oposición y parejo al diseño que se quiere hacer de una ciudad más amable.
Actualmente, 11.000 vehículos pagan en Castro el impuesto, con 7.000 las tarjetas de regulación y en torno a 4.000 plazas de aparcamiento, de las que 600 están en la zona roja del centro.
Desde el PSOE, Pablo Antuñano, ha insistido en la necesidad del servicio recordando que experiencias anteriores donde se suprimió dejó un escenario caótico en cuanto a la circulación.
El Partido Popular ha defendido la necesidad de la regulación y la edil Nora Martínez ha pedido al equipo de gobierno que estudie recuperar la zona marrón en Brazomar, salvo en verano, para así atender también las necesidades de los visitantes.
Jóse Mari Liendo, de Ciudadanos cree también necesario el servicio, al igual que Podemos, si bien el concejal Alberto Martínez cree que debería explorarse un modelo de gestión directa, aunque la alcaldesa ha señalado que actualmente la empresa adjudicataria aporta un canon anual al Ayuntamiento de algo más de 700.000 euros y si se asumiese el servicio directamente –algo que según el edil de movilidad la ley no permite hacer si la competencia no es obligatoria como el caso de Castro- se tendría que invertir en medios materiales (compra de vehículos, grúa, etc) así como subrogar al personal, por lo que supondría un gasto.
Según Agustín Fernández, de Vox, el equipo de gobierno “no se ha puesto las pilas” para haber sacado ya el nuevo contrato, ya que la asistencia se podía haber contratado antes. Reconoce que no solo la prórroga es necesaria sino “imprescindible” ya que si no se aprobara el contrato concluiría este año.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad la proposición de alcaldía para prorrogar el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria para la financiación de competencias compartidas en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios y salvamento. Una prórroga que debe aprobarse antes del 31 de diciembre de un convenio por el que Castro recibe 400.000 euros, si bien Podemos cree que se debería actualizar la cantidad, petición que ya se ha cursado a la Consejería de Presidencia para que se aumente esa cifra, según ha señalado la Alcaldesa Susana Herrán.
