CastroVerde ha reclamado al Gobierno de España que garantice que los activos de la SAREB situados en Castro se destinen a vivienda pública de alquiler asequible, y denuncia que pese a lo aprobado por el Gobierno central para movilizar este patrimonio con fines sociales, los anuncios de actuaciones en varios municipios de Cantabria, no incluyeron a Castro.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales ya solicitó en el pleno del 4 de mayo de 2022 esta inclusión, cuando se aprobó una moción de IU-Podemos que reclamaba la cesión de activos de la SAREB para destinarlos a alquiler asequible, que contó con el apoyo de Podemos, PSOE y CastroVerde. “Más de cuatro años después, aquella petición sigue sin traducirse en una solución efectiva para el municipio“, señala la formación verde.
Desde entonces, el Gobierno de España ha anunciado en dos ocasiones, a través de acuerdos de su Consejo de Ministros, iniciativas para incorporar los activos de la SAREB a las políticas públicas de vivienda. El 18 de abril de 2023 anunció un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible, y el 1 de julio de 2025 aprobó los criterios para transferir inmuebles y suelos a SEPES, la entidad estatal encargada de desarrollar estas actuaciones.
Sin embargo, Castro Urdiales no figura entre los municipios incluidos en las actuaciones anunciadas para Cantabria en agosto.
La situación del sector SUP-4 de Santa Catalina hace aún más urgente una respuesta.
“De las tres parcelas de la SAREB que podían representar una oportunidad para disponer de alrededor de 160 viviendas —unas 80 en una edificación ya construida y otras 80 potenciales en las dos parcelas restantes—, estas últimas parece que ya han sido destinadas a Casa47. Pero el edificio existente, de manera sorprendente, se encuentra en proceso de venta“, indica CastroVerde.
Por ello, consideran “especialmente preocupante“ que activos vinculados al rescate bancario, financiado con decenas de miles de millones de euros de dinero público, no se aprovechen de forma prioritaria para responder a la emergencia habitacional.
“La ciudadanía de Castro Urdiales también contribuyó a sostener aquel rescate y tiene derecho a exigir que ese patrimonio revierta en un interés social claro“.
Por ello, reclaman al Gobierno de España y a la SAREB que aclaren el alcance y las condiciones de las decisiones adoptadas sobre las parcelas del SUP-4 y que eviten que la venta del edificio cierre la posibilidad de incorporarlo al parque público. Asimismo, pide que se evalúen todas las vías administrativas y de colaboración con el Gobierno de Cantabria para asegurar que los activos que aún puedan destinarse a vivienda asequible se pongan al servicio de la ciudadanía.
La formación castreña exige, en definitiva, “que Castro Urdiales deje de quedar al margen de las políticas públicas de vivienda y que los anuncios estatales se traduzcan en compromisos concretos, transparentes y verificables. La prioridad debe ser preservar la finalidad social de estos activos, ofrecer una respuesta a las familias, jóvenes y trabajadores que encuentran dificultades para acceder a un alquiler asequible“.
