El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente, con la única abstención de CastroVerde, la ordenanza fiscal nº 7, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Una tasa para gravar a las empresas de distribución de energía por la ocupación del vuelo y del subsuelo en terrenos de dominio público.
Con la aprobación de la ordenanza, a partir de 2022 todas las empresas energéticas que sean propietarias de los tendidos eléctricos y canalizaciones de hidrocarburos tendrán que abonar una tasas por la ocupación que esas redes realizan.
Aunque sea el Ayuntamiento el que haya iniciado esta tramitación, los mayores beneficiados de la aprobación de esta tasa serán sus Juntas Vecinales, ya que serán ellas las receptoras de las cantidades abonadas por las empresas energéticas. En principio, las juntas de Sámano, Santullán, Otañes e Islares serán quienes puedan obtener ingresos por tener este tipo de instalaciones en sus terrenos.
Se estima que el Ayuntamiento y las juntas vecinales percibirían unos 115.000 euros anuales. Desde el Consistorio ya se ha trasladado el expediente a todas las juntas para que lo aprueben y puedan así empezar en 2022 a cobrar la tasa. En este sentido, desde el PRC se ha censurado que no se haya actuado con más celeridad para que se pudiera haber hecho una tramitación paralela en la aprobación por el Ayuntamiento y las Juntas.
