La portavoz municipal del PP , Ana Urrestarazu, considera que la alcaldesa Susana Herrán no da un ultimátum “a nadie” sino que el ultimátum se lo ha dado a ella y al PSOE el Ayuntamiento de Castro y el Parlamento de Cantabria para que no cierren el Centro de día y lo mantengan abierto a partir del 1 de enero de 2023.
“La alcaldesa es culpable y responsable, al igual que Pablo Zuloaga, de lo que vaya a ocurrir con el Centro de día”, porque a pesar de que el 3 de noviembre el ICASS registró en el Ayuntamiento un escrito para pedir los permisos para el proyecto de reforma, la alcaldesa salió con Zuloaga a anunciar las obras en rueda de prensa, ha señalado Urrestarazu.
La edil considera que Herrán “no se puede envalentonar a medias porque cuando uno es cómplice y culpable de lo que ocurra el 1 de enero no puede darse un ultimátum”.
En este sentido, Urrestarazu cree que “no se puede vender la dependencia en Castro por un titular y es lo que han hecho la alcaldesa de Castro y el Vicepresidente Pablo Zuloaga”.
Por su parte, el diputado popular Álvaro Aguirre asegura que la única solución “clara y efectiva” a día de hoy y a quince del cierre del centro es que se acepte la enmienda del PP de 700.000 euros para hacer una encomienda de gestión del Centro de día a la Fundación cántabra para la salud y el bienestar social, con el fin de que pueda seguir abierto manteniéndose el servicio y a los trabajadores hasta el inicio de las obras.
Aguirre cree que la alcaldesa tendría que haber dado el ultimátum a Zuloaga y en el caso de que se cierre el Centro de día el 31 de diciembre, el diputado del PP opina que Susana Herrán debería dimitir “por dignidad” y “porque no se ha conocido mayor traición a los castreños”, al actuar “cuando ha visto peligrar su silla, se pone al lado de los castreños”.
