El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la modificación presupuestaria de 6 millones de euros, ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno (PSOE-CastroVerde) y PRC, en contra Vox, y los votos de abstención del PP y Ciudadanos. No ha asistido al Pleno el concejal de Podemos Alberto Martínez.
El edil de Hacienda Pablo Antuñano ha destacado su importancia “porque hay muchas inversiones que para seguir haciendo de Castro una mejor ciudad más accesible y con mejores espacios públicos´”.
Modificación que se sustenta en su mayor parte con los ahorros municipales y alrededor de unos 200.000 euros con intereses de amortizaciones bancarios no utilizados.
Entre la relación de gastos figuran los de personal para salarios de bomberos y policía local, 700.000 euros para obras en el Peru Zaballa; 350.000 euros para actividades festivas; mejora del entorno del cargadero de Dícido (300.000 euros); 390.000 euros para el vial de Riomar; un nuevo vehículo para la Policía local (54.000 euros) y otro para los bomberos (un camión nuevo de autobomba), redacción del proyecto de reforma integral de la barrera 200.000 euros; cubrimiento del parque de Ostende, 500.000; adquisición en propiedad de una figura que se coloca en la Semana Grande en el balcón del Ayuntamiento en fiestas (35.000 euros); restauración de la ballena Flavi, obra exterior entorno plaza del mercado (135.000 euros); carril bici Peru Zaballa con Allendelagua (950.000 euros) y mejora entorno Siglo XX (regeneración y semipeatonalización calle Siglo XX , por importe de 550.000 euros), entre otras inversiones.
Cristian Antuñano del PP ha vuelto a criticar que la macro modificación no se lleve desglosada, aunque el edil de CastroVerde Eduardo Amor le ha recordado que los presupuestos del Estado no se aprueban con inversiones separadas sino en conjunto. Critica también el edil que no se hable claro con la peatonalización de la calles siglo XX y que la figura que ahora se va a comprar se ha estado alquilando por 15.000 euros cuando se podía haber hecho desde el principio. Considera que el equipo de gobierno les pone entre la espada y la pared y en esta ocasión “nos vamos a abstener” porque lo que se tenía que haber presentado es el nuevo presupuesto.
“Dudamos de que vaya a haber un solo presupuesto en la legislatura, algo que es responsabilidad de todo el equipo de gobierno, de todo el equipo, de esta nula gestión municipal”, ha señalado el concejal popular.
Desde CastroVerde, Eduardo Amor, recuerda que hasta que no haya nuevo presupuesto hay que hacer estas modificaciones necesarias para poder dar servicios contratados o actuaciones previstas. “Son un montón de inversiones pendientes o en trámite y que no se puede esperar a que haya un nuevo presupuesto”. Ha recordado que esto es una parte del presupuesto y que se incorporarán al nuevo documento.
Desde Ciudadanos, Jóse Mari Liendo, ha dicho que están de acuerdo en el fondo pero no en las formas, de que no se presenten las partidas desglosadas y no en bloque, y que a día de hoy no se haya presentado ni un borrador del presupuesto.
Desde Vox, Agustín Fernández, considera que es “una aprobación soterrada de un presupuesto municipal”, y cree que al equipo de gobierno no les va a interesar aprobar un nuevo documento. Considera además el edil que esta modificación es “un despropósito” y que se están confundiendo de inversiones.
Por otro lado, y también en el capítulo económico, el Pleno ha aprobado por unanimidad dos modificaciones presupuestarias de suplemento de crédito para dar cumplimiento al compromiso del equipo de gobierno de devolver en inversiones a las Juntas vecinales el dinero entregado por la deuda del canon del agua. En concreto, inversiones para la rehabilitación del frontón de Mioño por importe de 26.900 euros y en Otañes para el cubrimiento del parque infantil el barrio de San Roque (junto a la Casa de Juntas), por 150.000 euros y el derribo de unas viviendas en ruinas en la Plaza con un importe adicional de 20.000 euros.
Vial de Riomar y nuevo reglamento del mercado
En la sesión, se ha dado cuenta de la renuncia de Eva Cobo como concejala del PRC y cuyo puesto será ocupado por el Alcalde de Mioño, Asier Laforga.
Por otro lado, con la única abstención del PRC, ha aprobado inicialmente el expediente de expropiación de cuatro parcelas cuyos propietarios no están de acuerdo con adherirse a la Junta de compensación para desarrollar urbanísticamente el sector 2 del Suelo urbanizable no programado nº 3 en La Loma. Será la Junta de compensación la que fije el precio pero es obligatorio que el Ayuntamiento apruebe el trámite, aunque no le supondrá ningún coste.
La corporación ha aprobado por unanimidad el proyecto de obra de la 2ª fase de urbanización en Riomar e incoación del expediente de expropiación de los bienes precisos para la terminación del vial de Riomar que deriva de un proyecto de compensación de 1980.
El edil de Urbanismo, Eduardo Amor, ha explicado que este vial es un debe desde hace 45 años cuando se dejó fuera del desarrollo urbanístico. “Ahora intentaremos terminar ese vial tan importante, no solo para los vecinos de Cotolino sino de todo el municipio; una nueva entrada a ese barrio, donde se ubica el Centro de salud y las Urgencias médicas y que supondrá un atajo y un mejor acceso a la autovía.
Ahora se aprueba el proyecto de construcción con el que se completará el vial, y que incluye un parque urbano en la zona de Riomar y un carril bici que conectará Nicolás Torre con la pasarela de Chinchapapa.
La expropiación de los garajes asentados en suelo público está tasada en unos 42.000 euros y el coste del proyecto asciende a 374.000 euros, ha explicado el edil de Hacienda, Pablo Antuñano.
El resto de grupos está de acuerdo con el trámite.
Se ha aprobado también por unanimidad el acuerdo de adhesión al programa SEgis, un anexo del convenio UBAS (unidad básica de acción social) que regula cómo se prestan los servicios sociales.
Por otro lado, la corporación ha aprobado por unanimidad la Ordenanza reguladora del Mercado municipal, con un nuevo reglamento de funcionamiento interno, que sustituirá al de 1980 y que regirá la autorización y explotación de los puestos de los placeros.
Desde el PP espera que el trato distinto entre los antiguos placeros con concesiones otorgadas hace 40 años por un plazo de 75 y los nuevos concesionarios con autorizaciones de cuatro años máximo no ocasione malestar entre ellos.
