El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha rechazado la propuesta del PRC de aprobar por la compra venta de dos bienes propiedad de Mioño–polideportivo Anita o parcela en el monte Cueto- con el fin de que esta Junta vecinal pueda saldar la deuda que mantiene con el Consistorio, una entidad bancaria y una empresa de servicios musicales y que totaliza casi 1,7 millones de euros. Los regionalistas se han quedado solos y no han encontrado apoyo alguno del resto de grupos.
Podemos no ha acudido al Pleno por razones personales al igual que la edil del PP Ariane Krugg. Los únicos que han votado a favor han sido los ediles del PRC. PSOE, CS, y PP han votado en contra y CastroVerde se ha abstenido.
Tal y como ha quedado de manifiesto a lo largo de la sesión, la propuesta regionalista es «ilegal» y así se recoge en los informes de los técnicos municipales ya que no se puede destinar el dinero obtenido de una compra venta de bienes patrimoniales a pagar gasto corriente.
No obstante, desde el PRC han seguido manteniendo que “no existe ningún obstáculo para la compra venta de los bienes propuestos”. Esto sería, decían, un “acuerdo de impulso” para sacar a Mioño, de manera urgente, de la situación de paralización por la deuda que mantiene, y que está siendo requerida por sentencias judiciales, señalaba la concejala Carla Urabayen.
La edil ha dicho que la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, que fue Presidenta de la Junta durante año y medio, no ha tomado antes la iniciativa para solucionar el problema de Mioño “porque no le interesa, porque quedaría en evidencia que ha sido parte responsable de la situación económica de Mioño”.
Los regionalistas creen que el equipo de gobierno de Castro “no ha estado a la altura” de resolver esta situación y ha optado por “barrer debajo de la alfombra”, aún sabiendo que el PSOE ha sido parte actora en la creación de la deuda. Insisten que está habiendo muchas irregularidades y no descartan que todo ello pueda concluir en “un acto de corrupción”.
Los regionalistas también dudan de que el equipo de gobierno de Castro haya estado trabajando como dicen en buscar soluciones y consideran que “hay muchos intereses” porque la junta desaparezca. Además, han ensalzado al pedáneo Asier Laforga, al que consideran “un valiente” por “asumir el riesgo y aportar luz tras más de diez años de oscuridad en las cuentas de la junta”.
CastroVerde ha apostado por “seguir estudiando fórmulas para atajar el problema” teniendo en cuenta que la propuesta regionalista “no tiene el respaldo de los técnicos municipales”.
Desde el PP consideran que la solución a este problema que atenaza a Mioño pero que también afecta a las Juntas de Otañes y Ontón, “solo vendrá de la mano de los técnicos municipales”. La edil popular Ana Urrestarazu se ha remontado al año 2008 cuando se concedieron las “subvenciones” del agua con una “fórmula no adecuada” pero a la que ningún pedáneo se opuso. Las cuentas bancarias de las Juntas vecinales se llenaron y comenzó la época del descontrol en el gasto , del “rock and roll, los chorizos y las barbacoas, las fiestas , y luego de intentar justificar lo injustificable”, por parte de alcaldes socialistas, un partido que “lleva en el ADN el despilfarro y el derroche” y donde “los cargos se heredan de padres a hijos y demás familia”.
Urrestarazu ha criticado que el pedáneo Asier Laforga no se enterase en los diez años que lleva en la Junta- ocho de ellos como vocal- de la deuda que había y que haya tardado más de dos años en pedir ayuda al Ayuntamiento.
En este sentido, la edil ha tildado la propuesta regionalista de irresponsable, imprudente e ilegal y ha censurado que los regionalistas estén faltando “de forma continuada” a los técnicos habilitados nacionales.
Para Ciudadanos, este Pleno es un ejemplo más de la “batalla política y personal” que mantienen PRC y PSOE. El edil Jóse Mari Liendo considera que al pedáneo “le está faltando pulso político” al anteponer la amenaza de entregar las llaves de la Junta a la negociación que debe entablarse con el Ayuntamiento para intentar buscar “una solución efectiva” y dejar al margen “la batalla y la confrontación”.
En el turno del PSOE, la alcaldesa de Castro Urdiales Susana Herrán, cree también que lo de hoy ha sido un episodio más de la guerra declarada por los regionalistas contra el PSOE y contra su persona.
Herrán que ostentó la presidencia de Mioño el último año y medio de la legislatura pasada ha negado que el Tribunal de Cuentas esté investigando la gestión de la entidad local menor. Ha recordado que en la legislatura pasada Asier Laforga siendo vocal y Tomás Ortega (PSOE) alcalde pedáneo, presentó denuncia ante ese órgano “y fue archivada”. En todo caso, las actas que hayan sido reclamadas ahora al Secretario Interventor serán remitidas pero de todos los alcaldes pedáneos de los últimos diez años, incluidas la de esta legislatura.
La alcaldesa ha acusado a Laforga de “no haber pagado nada porque no ha gestionado nada”. En este sentido, ha dicho que siendo ella alcaldesa de Mioño quitó deuda por importe de 130.000 euros, dejó en caja 35.000 euros y estableció un calendario de pagos que fue interrumpido cuando Laforga tomó posesión del cargo en junio de 2019. Por el contrario,ha cifrado en unos 714.000 euros la cantidad que ha dejado de ingresar en varios conceptos como la reclamación del cumplimiento de una sentencia por 500.000 euros de una empresa concesionario así como diversos alquileres con una operadora de telefonía, una vivienda o la subasta del bar , que se podían haber destinado a reducir la deuda.
Ha asegurado además que en este legislatura se han mantenido “numerosas reuniones” con los alcaldes afectados por la devolución de las “subvenciones” del agua, junto con los técnicos municipales y con propuestas sobre la mesa como que pasan por poner un bien a disposición del Ayuntamiento, que sería embargado con la tasación “necesaria y solvente para cubrir la deuda”.
Susana Herrán también ha calificado de “gravísimas” por ser una “total falta de respeto” las acusaciones vertidas por el concejal regionalista Jesús Gutiérrez contra el Secretario Interventor de Juntas vecinales por considerar que está actuando con oscurantismo, cuando es un técnico habilitado nacional “que está para velar que se cumpla la ley. Ha añadido además que toda la documentación contable de Mioño se encontraba en la sede de la Junta y en el despacho de este funcionario.
Por todo ello, considera que Asier Laforga no ha demostrado valentía alguna ya que no ha trabajado por intentar sacar los recursos para solventar la situación de su Junta. Le ha reprochado también que no haya luchado por defender a dos trabajadores de la Junta, dos peones, a los que no se podía pagar por falta de ingresos pero que a su vez haya contratado a una asesora personal “para la que sí parece que hay dinero, cuando el mejor asesor para las pedanías es el Secretario Interventor”.
