La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación BALOTADA, ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
La investigación fue desarrollada por especialistas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, después de que en octubre de 2024 se tuviera conocimiento, a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de la existencia de una posible víctima de explotación laboral.
Tras mantener diferentes entrevistas con esta persona, manifestó su voluntad de denunciar unos hechos que presuntamente se habían producido después de desplazarse a España atraída por una oferta de trabajo con condiciones que finalmente no se habrían cumplido.
La investigación se centraliza en Bizkaia
Las primeras averiguaciones permitieron conocer la posible existencia de más personas afectadas por hechos similares, algunas de las cuales ya habían presentado denuncias ante unidades de la Guardia Civil de otras provincias.
Como consecuencia de ello, los guardias civiles recopilaron las diligencias existentes y continuaron las actuaciones para esclarecer los hechos.
Dos de las posibles víctimas, ambas de nacionalidad marroquí, comparecieron en Bizkaia. Tras analizar sus testimonios conforme a los criterios establecidos en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, se detectaron indicadores suficientes para su identificación como víctimas de trata con fines de explotación laboral.
Posteriormente, los agentes tomaron declaración a otra persona que había denunciado hechos similares, lo que permitió ampliar la información obtenida durante la investigación.
Falsas condiciones laborales
Según las declaraciones recabadas por los investigadores, las víctimas habrían sido captadas mediante ofertas en las que se les prometían buenas condiciones económicas, salarios superiores a los habituales en el sector hostelero y la regularización de su situación administrativa.
Atraídas por estas condiciones, habrían abandonado sus lugares de residencia para desplazarse hasta un establecimiento hostelero situado en las proximidades de Mioño, en Cantabria.
Una vez allí, la realidad habría sido muy diferente. Según las presuntas víctimas, realizaban no solo labores propias de la hostelería, sino también tareas personales para los responsables del establecimiento.
Las jornadas laborales podían comenzar alrededor de las 07:00 horas y prolongarse hasta después de la medianoche, disponiendo únicamente de un día de descanso semanal.
Las víctimas manifestaron además que dormían juntas en colchones instalados en el sótano del establecimiento, que no habían sido dadas de alta como trabajadores y que solo en determinadas ocasiones recibían alguna cantidad de dinero por el trabajo realizado, muy inferior a lo acordado.
Asimismo, algunas de ellas relataron haber sufrido presuntamente agresiones físicas, amenazas y tratos degradantes. Los investigadores también tuvieron conocimiento de la existencia de cámaras de video vigilancia en el interior del establecimiento que, según las declaraciones recabadas, eran utilizadas para controlar sus actividades.
Como resultado de las actuaciones desarrolladas desde la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, la Fiscalía de Extranjería de Cantabria apreció indicios suficientes para sustentar una causa por trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
A su vez, los agentes tuvieron conocimiento de que el establecimiento había sido cerrado temporalmente por un problema de salubridad y que, posteriormente, fue traspasado y destinado a una actividad diferente.
Finalmente, las diligencias fueron entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nºúmero 2 de Castro Urdiales, atribuyendo a los dos investigados la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de dos víctimas.
La Guardia Civil anima a denunciar las situaciones de explotación laboral
La Guardia Civil recuerda que cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de explotación laboral puede poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Las víctimas tienen derecho a recibir información, asistencia y protección, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa.
Asimismo, las personas extranjeras en situación irregular que sean identificadas como posibles víctimas de trata de seres humanos pueden acogerse a las medidas de protección previstas legalmente, incluida la suspensión de determinados procedimientos sancionadores de extranjería durante su identificación y el periodo de restablecimiento y reflexión.
La Guardia Civil insiste en la importancia de denunciar estas situaciones, incluso cuando existan amenazas o temor a represalias, a través del teléfono 062, o el correo electrónico trata@guardiacivil.es, que permite comunicar información de forma anónima.
Para más información pueden ponerse en contacto con la OPC de la Guardia Civil en Bizkaia, alos teléfonos 670235963.
