Castro Urdiales ampliará en el nuevo contrato de la OCA, las zonas de regulación del aparcamiento a la zona del Cementerio de Ballena, el entorno de la Plaza de toros, la parte alta de Cotolino, parte de Santa Catalina y el polígono de la Tejer . Además, los entornos de las playas de Dícido, Islares y Oriñón tendrán OCA en los meses de julio y agosto para aliviar los problemas de aparcamiento. Ampliación de la regulación que responde a las demandas de los vecinos, según ha recalcado el concejal de Urbanismo y Movilidad, Eduardo Amor, en declaraciones a Onda Cero tras finalizar la Comisión de Desarrollo Territorial que se ha celebrado esta mañana y en donde se ha dictaminado la aprobación del Estudio económico financiero de la OCA, para tras su aprobación en el Pleno poder licitar el pliego de este contrato.
Por otro lado, el edil ha puntualizado las informaciones que han surgido en días pasado sobre la puesta a disposición de varias parcelas para la construcción de vivienda de alquiler asequible.
Amor ha dicho que “nadie se ha puesto en contacto con el Departamento de Urbanismo para confrontar los datos que se han dado y que cifran en 1,5 millones de euros los gastos de urbanización de las tres parcelas que se cederían, dos en la zona detrás del Pachi Torre y una en Santa Catalina”.
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DERRIBO CHALÉTS DE LA LOMA
El concejal ha asegurado que la cesión tendría que aprobarla el Pleno y que parcela de Santa Catalina es de titularidad compartida “por lo que habría que negociar con la Consejería mientras que las parcelas de la 1.26 quedan trámites pendientes en la urbanización por lo que no se de donde sale la cifra de 1,5 millones de euros”.
En la Comisión también se ha dado cuenta de la aprobación de la modificación del Plan parcial del SUNP-4, donde Acciona pretende construir más de 300 viviendas, “unifamiliares, adosadas, en su mayor parte, aunque lo ideal hubiera sido vivienda colectiva”.
Eduardo Amor también se ha referido al derribo de uno de los 11 chaléts de La Loma, condenados por sentencia firma al estar en zona protegida o de servidumbre de carreteras. A falta de que el Servicio de Carreteras Autonómicas confirme si va a ejecutar o no la variante de Santullán, proyecto que data de 2006, el Ayuntamiento desconoce si finalmente se van a demoler esas casas. Lo último que entró en el Consistorio es un informe en donde Carreteras autonómicas decía que solo uno de los chalets les afectaba por estar construida en la zona de influencia de la carretera autonómica. Son viviendas que nunca han sido habitadas y que podrían librarse de la piqueta, y ser legalizadas, si se llega a un acuerdo con el desarrollo de los SUNP 3, 4 y 12 para que la variante vaya por otro lugar.
