El alcalde de Mioño, Asier Laforga, asegura que su actuación en la contratación de la abogada Yolanda Merino para defender a la Junta vecinal en la demanda presentada en el Tribunal de Cuentas por un presunto menoscabo de caudales públicos ha sido “correcta”.
El pedáneo declaró el viernes ante la Fiscalía en las diligencias pre procesales abiertas como sospechoso de un presunto delito de prevaricación administrativa ante la denuncia del Secretario Interventor de Juntas y el Secretario municipal del Ayuntamiento de Castro por dicha contratación, “sin consignación del gasto ni procedimiento administrativo alguno” y sin que conste que exista una investigación judicial en trámite en el Tribunal de Cuentas, tal y como apuntaba la Fiscalía.
Laforga evita hacer declaraciones a los medios “por respeto a la investigación y a la justicia”, y asegura que no puede facilitar copia de la veintena de documentos aportados por ser documentación interna de la Junta.
El pedáneo dice estar “muy tranquilo” y su conciencia “aún más”.
De su declaración del viernes, afirma que ha podido explicar la situación administrativa, contable y jurídica de la Junta de Mioño y también los motivos de la denuncia. “Es evidente que alguien trata de no se investigue dónde han ido los recursos para evitar que la Junta recupere lo que es suyo”, indica.
Laforga señala que detrás de todo están los acuerdos que adoptó la Junta en 2020 y 2022, con el personamiento y presentación de demanda ante el Tribunal de Cuentas, “en un procedimiento en el que se está investigando” si los anteriores gestores de la Junta, Víctor Echevarría y la actual Alcaldesa de Castro, Susana Herrán, son responsables de la gestión “nefasta” económica de Mioño que ha dejado a la Junta vecinal “al borde de la quiebra».
En este sentido explica que en 2019 se encontró una Junta esquilmada en lo económico, con una deuda superior a 1.500.000 de euros. A día de hoy, destaca, no se sabe dónde fue a parar la subvención del agua, de la que hay que devolver al Ayuntamiento más de un millón de euros, ni otros dineros públicos porque no se le entregó «justificación ni contabilidad».
Asegura que el juicio en el Tribunal de Cuentas «existe», en contra de lo que aseguran los Secretarios de la Junta y Ayuntamiento y aporta el edicto de noviembre de 2022, donde la Consejera de Cuentas resolvió una posible responsabilidad de Echevarría y Herrán, en el que se daba un plazo de 9 días para personas, “de ahí la necesidad de contratación de una abogada”, indica.
Laforga dice también que “es falso” que no exista consignación presupuestaria para la contratación de abogados” y que la presentación del presupuesto vigente así lo demuestra y tampoco es cierto, añade, que la abogada Yolanda Merino haya pasado un presupuesto de 47.000 euros. “Esa cantidad es una invención de los denunciantes”, asegura el pedáneo.
Por eso, subraya que “la contratación se ha llevado a cabo dentro de la normativa legal y habitual contratación de abogados”, muy distinto a cómo se hicieron otras contrataciones por sus predecesores, dice.
Laforga asegura entender el “nerviosismo personal” de Susana Herrán por una posible responsabilidad económica que recaería en ella por los dineros no justificados pero cree que “no todo vale” y considera que es “indecente” utilizar a funcionarios municipales “para conseguir titulares”.
Finalmente, el alcalde pedáneo responsabiliza a la alcaldesa de Castro de estar causándole un daño personal a su honestidad que repercute también en su familia, pero que a pesar de todo seguirá trabajando por Mioño para que se conozca toda la verdad sobre las cuentas públicas, al igual que menciona el daño personal y profesional que se causa a la letrada.
