El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley 9/2022, de Coordinación de Policías Locales, con el objetivo de actualizar la normativa tras su aplicación práctica y atender las demandas planteadas por los ayuntamientos y los cuerpos policiales. Esta reforma busca mejorar la operatividad, la seguridad y la eficiencia en los procesos de selección, formación y movilidad de los agentes.
Entre las principales novedades, se autoriza que los policías locales en prácticas puedan portar armas de fuego durante su periodo formativo, siempre que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la preparación real de los aspirantes en entornos operativos y su seguridad y la de su tutor.
Además, se elimina la limitación temporal para reconocer cursos y prácticas previas, permitiendo que sean válidos de forma indefinida en procesos selectivos y de promoción interna, lo que aporta flexibilidad y aprovecha la experiencia acumulada.
El texto también introduce mejoras en los procesos selectivos unificados regulados por el Decreto 53/2025, un importante paso para contar con una oposición unificada a nivel regional para los policías locales de nuevo ingreso, lo que facilitará a partir de 2026 la labor de los opositores y ofrecerá una formación común a los agentes que trabajan en Cantabria.
Esta oposición única supone, además un importante ahorro de costes para los ayuntamientos y, de hecho, todos los que cuentan con cuerpo de policía local han dado el visto bueno a la medida y han comenzado a firmar los convenios para ceder las competencias necesarias en esta materia.
La modificación de la norma regula la posibilidad de que el curso básico de formación teórico-práctica pueda ser realizado por un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, para garantizar la cobertura de vacantes en caso de renuncias o suspensos. Asimismo, se establece la dispensa del curso y del periodo de prácticas para quienes ya lo hayan superado en Cantabria o en otras comunidades autónomas.
En materia retributiva, se reconoce el derecho de los funcionarios en prácticas a percibir sueldo, pagas extraordinarias y trienios, así como complementos si desempeñan un puesto de trabajo. Se permite optar por mantener las retribuciones previas en caso de provenir de otra administración.
Con estas modificaciones, el Gobierno de Cantabria refuerza la profesionalización, la seguridad y la coordinación de los cuerpos de policía local, adaptando la normativa a las necesidades actuales y garantizando un marco más eficaz y flexible.
Subvenciones para ayuntamientos y juntas vecinales
Por otro lado, también se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el año 2025 dirigidas a ayuntamientos y juntas vecinales de Cantabria, con el objetivo de financiar inversiones en edificios de titularidad pública municipal con una inversión de 1,5 millones de euros.
Estas ayudas están destinadas a actuaciones tanto para el uso público general como para la incorporación de inmuebles al parque público de vivienda en alquiler, reforzando la política autonómica de acceso a la vivienda y la revitalización del medio rural.
La iniciativa se enmarca en la Orden FOM/15/2024, modificada por la Orden FOM/14/2025, y persigue objetivos estratégicos como el incremento del parque público de vivienda en alquiler, la fijación de población en zonas rurales y la mejora sustancial de la calidad de vida mediante actuaciones de conservación, renovación, rehabilitación y modernización de edificios. Además, se prioriza la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, alineándose con los principios de sostenibilidad y cohesión territorial recogidos en la Estrategia Europa 2030.
Las actuaciones financiadas permitirán a los municipios acometer proyectos que contribuyan a reducir la despoblación, impulsar la economía local y garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente en entornos rurales donde la oferta habitacional es limitada.
Con esta medida, el Gobierno de Cantabria reafirma su compromiso con la política de vivienda pública, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades, impulsando proyectos que favorezcan la cohesión social y territorial. La convocatoria supone una herramienta clave para que las entidades locales puedan modernizar su patrimonio inmobiliario, adaptarlo a las necesidades actuales y ofrecer soluciones habitacionales que respondan a los retos demográficos y sociales de la región.
