La Fiscalía de Cantabria ha acordado el archivo de las diligencias de investigación abiertas ante la denuncia de un presunto delito de prevaricación administrativa por el que el pedáneo de Mioño Asier Laforga (PRC) fue citado a declarar el pasado 21 de abril por la autorización para contratar a la abogada Yolanda Merino Ortiz de Zárate para la defensa de varias reclamaciones judiciales contra la Junta vecinal. Los denunciantes, el Secretario Interventor de Juntas, Héctor Peña y el Secretario del Ayuntamiento de Castro, Manuel Trigo, pusieron los hechos en manos de la Fiscalía al considerar que Laforga había contratado a la abogada “sin consignación del gasto ni procedimiento administrativo alguno”, con un compromiso de gasto que se estimaba por los denunciantes en 47.000 euros, y sin que conste que exista una investigación judicial en trámite por la demanda que presentó la Junta ante el Tribunal de Cuentas por un presunto menoscabo de dineros públicos desde el año 2010 .
Ahora la Fiscalía cierra las diligencias por no apreciarse que los hechos denunciados sean constitutivos de ilícito penal, tratándose de una cuestión administrativa. “La adecuada tramitación del expediente administrativo para la contratación de estos servicios de asesoría jurídica sería una cuestión a valorar por la Jurisdicción contencioso-administrativa al no derivarse la existencia de la arbitrariedad exigible para la existencia del delito”, señala.
Pese al archivo de las diligencias, la Fiscalía dice que “el decreto no produce efectos de cosa juzgada, por lo que no existe obstáculo que impida a los denunciantes reiterar la denuncia ante los órganos judiciales territorialmente competentes”.
