El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha visto satisfecha su reclamación interpuesta frente a Delegación de Gobierno en Cantabria ante la sanción que esta administración impuso al municipio por el lanzamiento de los fuegos artificiales dentro de la celebración de la festividad de Coso Blanco de 2023.
El Juzgado de Contencioso Administrativo nº 2 de Santander ha condenado a la Delegación de Gobierno en Cantabria a la devolución de parte de la cantidad que el Ayuntamiento pagó en vía administrativa acogiéndose a una reducción de la sanción por pronto pago.
El Ayuntamiento admitió la comisión de la infracción, exponiendo los diferentes motivos que la llevaron a la celebración del acto sin haber obtenido la licencia, alegando que no se había motivado la graduación de la sanción, no dándose las circunstancias para su imposición en la cantidad máxima.
Frente a dicha pretensión, la Delegación del Gobierno alegó que no se ha incurrido en infracción alguna y, subsidiariamente, que, de entenderse vulnerado el principio de proporcionalidad, se determinase el grado en el que habría de imponerse.
Se practicó testifical del Concejal de festejos del Ayuntamiento, quien expuso como se decidió el lugar para la celebración del acto y la celebración de la Junta de Seguridad ese mismo día por la mañana, la escolta del camión con el material pirotécnico por la Policía municipal en contacto con la Guardia Civil, y la no existencia de incidencias en el evento.
Habiéndose aceptado el hecho de la celebración del acto sin la preceptiva licencia, lo que determina la comisión de la infracción, la cuestión se centraba en determinar si se había respetado el principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción, y en este punto se atendían los argumentos del consistorio.
Contra el fallo, no cabe la interposición de recursos y no se hace mención en el fallo al pago de las costas judiciales.
El Ayuntamiento ve reconocida “la falta de proporcionalidad“ con la que actuó la Delegación del Gobierno en Cantabria que impuso una sanción de 30.000 euros.
La jueza ha considerado desproporcionada la sanción, atendiendo a los razonamientos expuestos por el Ayuntamiento y rebaja la sanción , teniendo que abonar el Ayuntamiento de Castro Urdiales 4.500 euros. Como ya abonó 15.000 euros , la Delegación del Gobierno en Cantabria tendrá que devolver 10.500 euros.
Desde el Juzgado dicen que “efectivamente, ha existido intencionalidad en la comisión de la infracción, y obviamente la capacidad económica del infractor es muy superior a la de un particular, por lo que se encuentra justificada la imposición de la multa en cuantía de 9.000 euros. Se anula y revoca por tanto la sanción impugnada, sustituyendo la impuesta inicialmente por otra de 9.000 €, minorable en un 50% por pronto pago, debiendo condenarse a la administración demandada a la devolución de la diferencia en la cantidad ingresada para el pago de la multa impuesta“.
Para el concejal de festejos, Gorka Linaza «se ha hecho justicia dando la razón a los criterios que defendíamos como Ayuntamiento. Los servicios jurídicos nos indicaban que teníamos razón pero al final nos empujaron a llevarlo a los tribunales”.
La sentencia pone fin a la polémica que tanta preocupación generó en nuestro municipio desde el verano de 2023.
